El 1 de octubre de 2026, autoridades federales estadounidenses detuvieron a Greg Lui, de 38 años, CEO de Earthmade Computer Inc. en City of Industry (California), acusado de un esquema de contrabando de servidores con chips de Nvidia sujetos a control de exportación por un valor superior a 300 millones de dólares hacia China. El Departamento de Justicia y la cobertura de Ars Technica, The Register y The Guardian situaron la acusación formal en torno a esa fecha.
Según la fiscalía, Lui habría usado documentación falsa para enmascarar envíos que sabía destinados en última instancia a China, conspirando con transitarios en Malasia y Singapur. Los chips citados incluyen GPU A100 y H100 —no las más avanzadas de Nvidia, pero capaces de entrenar modelos grandes— además de otras aceleradoras restringidas mencionadas en el expediente.
El esquema alegado habría operado desde octubre de 2023 hasta agosto de 2026. Correos y registros bancarios, afirma el DOJ, muestran pedidos presentados como destinos en Malasia o Singapur que luego se desviaban a Hong Kong y a firmas en Hangzhou, descrita por The Wall Street Journal como un hub chino de IA.
Un ejemplo citado: un pedido de 70 servidores con GPU restringidas declarado para Malasia; tras un pedido de compra de 27 servidores por unos 7,6 millones de dólares a un fabricante estadounidense, un co-conspirador habría dicho a un funcionario malasio que los 27 fueron a China. Otro envío de 92 servidores habría pasado por Singapur, Malasia y Hong Kong.
En un caso de 2024, Lui habría presentado documentación fraudulenta de un comprador inventado cuyo CEO figuraba como «Jackie Lui», tras adquirir años antes documentos de identidad de un tercero para operar el esquema. Ese mismo año, según la acusación, la firma habría recibido más de 176 millones de dólares ligados al contrabando, con trazas en cuentas de Bank of America y JP Morgan.
Lui enfrenta cargos de conspiración para violar la Export Control Reform Act y las Export Administration Regulations, además de contrabando y blanqueo de capitales. Las penas máximas alegadas llegan a 20 años por conspiración o blanqueo y a 10 años por contrabando. El DOJ busca embargar fondos obtenidos con el esquema.
La detención se suma a otras investigaciones de desvío de chips hacia China, incluidas causas que involucraron a personal vinculado a proveedores de servidores. Nvidia ha pasado de negar indicios de contrabando a minimizar el volumen desviado: un portavoz dijo a Bloomberg que menos del 0,5% de sus productos habrían sido desviados, y que es «una gota en el océano» frente al cómputo doméstico chino.
Funcionarios y expertos, sin embargo, sostienen que el mercado negro es difícil de medir y probablemente mayor de lo reportado. Investigaciones de Bloomberg han cuestionado «puntos ciegos» de diligencia debida en envíos a instalaciones en Tailandia, Malasia y Singapur que no parecían capaces de albergar los volúmenes pedidos.
Para la política industrial estadounidense, el caso refuerza el argumento de que los controles de exportación sobre aceleradoras de IA son tan fuertes como su cumplimiento en la cadena logística. Trump ha preferido, en líneas generales, que la industria se autorregule; el DOJ, en cambio, sigue usando el Código Penal cuando encuentra esquemas documentados.
China, por su parte, acelera alternativas domésticas —con Huawei en el centro del relato de Nvidia— mientras persiste la demanda de silicio estadounidense en centros de datos opacos. Cada arresto visible eleva el riesgo percibido para intermediarios, pero no garantiza el cierre de rutas.
Neural Pulse subraya fechas y cifras del expediente público: más de 300 millones de dólares, A100/H100, ruta Malasia-Singapur, periodo octubre 2023–agosto 2026, detención en torno al 1 de octubre de 2026. Lui se presume inocente hasta sentencia; el relato anterior resume la acusación, no un veredicto.
Empresas que compran o revenden servidores de alto rendimiento deberían revisar KYC de clientes finales y coherencia entre capacidad de datacenter declarada y volumen pedido. El coste de un error de cumplimiento, muestra este caso, puede medirse en décadas de prisión y confiscación de fondos.
