Tras su publicación en el Diario Oficial, el AI Act entró en vigor en 2024 con aplicación gradual: primero prohibiciones de ciertos usos, luego obligaciones de GPAI y sistemas de alto riesgo.
Proveedores y desplegadores crearon programas de cumplimiento, inventarios de sistemas y procesos de evaluación de riesgo. Startups temieron carga regulatoria; grandes labs contrataron legal a escala.
El efecto extraterritorial —si ofreces servicios en la UE— exportó de facto estándares europeos.