El 16 de septiembre de 2026 la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó 417 votos a 3 el H.R. 9340, Ratepayer Protection Act, impulsado por el congresista Gabe Evans (CO-08) con respaldo de Brett Guthrie y Bob Latta en Energy and Commerce. El 30 de septiembre, Euronews y medios capitolinos situaban la presión sobre el Senado para no aparcar el texto antes de las midterms.
La mecánica, según el comunicado oficial del comité, usa autoridades existentes de la Public Utility Regulatory Policies Act (sección 111(d)): un enfoque «light touch» federal que recomienda a las comisiones públicas estatales considerar estándares de gran carga para centros de datos de más de 100 MW, de modo que paguen los costes incrementales completos de servirles.
Guthrie argumentó que el desarrollo responsable de centros de datos trae inversión, pero «las familias y pequeños negocios estadounidenses» no deben pagar la electricidad que usan las compañías que los construyen. Evans añadió que EE.UU. necesita infraestructura para competir con China, «pero no a costa de familias, agricultores, mayores y pymes».
Latta urgió al Senado a considerar «rápidamente» la ley. El trasfondo político es una encuesta NPR/PBS/Marist (14–15 de septiembre) citada por Euronews: 65% de votantes registrados se oponen a centros de datos en su comunidad (43% «fuertemente»); más del 80% de demócratas en contra; republicanos divididos 44–46.
Trump había escrito en Truth Social que las comunidades que rechazan centros de datos eligen ser «atrasadas y pobres»; tras el almuerzo del 29 con CEOs de IA suavizó el tono, prometiendo que las empresas «ayudarán con escuelas y profesores». El Ratepayer Act ofrece a legisladores un voto más fácil: sí a la IA, no a socializar la factura de red.
Veinticuatro estados, dice el comité, ya avanzan medidas parecidas. El federalismo eléctrico estadounidense hace que el Congreso no fije tarifas directamente: empuja a las PUC estatales a «considerar» estándares. Críticos demócratas en el Senado, según coberturas de The Hill, ven el carácter voluntario/consideración como insuficiente frente a normas mandatorias.
Para operadores de hiperescala y labs con compromisos de gigavatios —Anthropic con AWS, Google/Broadcom, Azure, Colossus— el proyecto encarece o clarifica el coste de interconexión y upgrades. No bloquea permisos; cambia quién paga transformadores, refuerzos de red y, en la práctica, parte de la cola de interconexión.
El vínculo con SoftBank y SB Energy es directo: financian campus energéticos para Stargate y OpenAI mientras el Congreso discute si el hogar mediopaga el pico de demanda. La deuda high-yield del 24 de septiembre y el Ratepayer Act son caras de la misma moneda: alguien pagará los gigavatios.
Implicaciones para Latinoamérica y Europa: aunque la ley es estadounidense, fija un precedente discursivo exportable —«quien consume 100 MW paga su incremento»— útil en debates de tarifas industriales y data centers en España, Chile o México. Reguladores latam ya miran colas de conexión y subsidios cruzados.
Empresas de IA deberán incorporar en modelos financieros el coste pleno de red, no solo el PPA renovable anunciado en notas de prensa. Comunidades locales ganan un argumento bipartidista raro (417–3) para exigir cláusulas de no traslado a residenciales.
Neural Pulse subraya el calendario: forzar votos procedurales a finales de septiembre, con el Senado a punto de dispersarse por elecciones, es tanto política de midterms como política energética. Aunque el texto no llegue al Resolute Desk en 2026, el margen 417–3 ya condiciona negociaciones estatales.
El cierre: la carrera de «superinteligencia» que Trump quiere narrar choca con el contador de la luz. El Ratepayer Protection Act no regula modelos ni agentes; regula quién financia el cobre y el hormigón sin los cuales esos modelos no existen.
